[Todos decanato] "UNA DECADA SIN REFORMAS DE FONDO", por Pablo Guido

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Una década sin reformas de fondo

 

 

por Pablo Guido

 

 

Desde mediados de 1994, cuando comenzó a tener vigencia la reforma del sistema 
previsional mixto (reparto + AFJP), que en la Argentina no se implementan reformas 
estructurales de fondo. Son casi 10 años en los cuales la dirigencia política 
argentina nos tiene acostumbrados a convivir con la urgencia y emergencia fiscal: 
los “paquetazos” impositivos, que lo único que han hecho fue incrementar la 
presión tributaria formal; los recortes temporales del gasto público en los 
salarios o prestaciones previsionales; la implementación del “déficit cero” 
que reconocía la imposibilidad de seguir colocando deuda en los mercados de 
capitales; la declaración formal de la cesación de pagos de la deuda del sector 
público que reconoció la imposibilidad del Estado de honrar los compromisos 
con la totalidad de sus acreedores; la salida de la convertibilidad y posterior 
devaluación que reconoció la incapacidad del Estado de mantener la estabilidad 
del precio de su moneda y la falta de independencia del Banco Central del poder 
político; la emisión de las cuasi monedas que reflejó la incapacidad de las 
jurisdicciones provinciales para financiar genuinamente sus abultados presupuestos; 
los múltiples cambios al régimen de Coparticipación que reflejaron la incapacidad 
para llegar a un acuerdo fiscal racional de largo plazo entre la Nación y las 
Provincias. Y la lista puede seguir. 

¿Cuál ha sido el resultado de esta estrategia orientada en objetivos de corto 
plazo y sustentada en “tapar agujeros” fiscales? Entre 1990 y 1994, el ingreso 
por habitante creció un 30%; la pobreza cayó desde el 48% al 16% y la indigencia 
del 12,5% al 3,3%; regresó el crédito de mediano y largo plazo como consecuencia 
del incremento del ahorro privado en el sistema financiero local; la población 
y la economía en general pudieron disfrutar nuevamente de la reaparición de 
las prestaciones en servicios fundamentales como electricidad, gas y comunicaciones. 
Pero a partir de mediados de la década pasada, las cosas comenzaron a complicarse. 
La “fatiga” del gobierno, y de la población, en materia de reformas estructurales 
se hizo evidente. Faltaron la tan anunciada reforma del Estado, la modernización 
del mercado laboral, la disminución de los costos laborales a stándares internacionales, 
la simplificación y “abaratamiento” del sistema tributario, un nuevo “salto” 
en materia de integración comercial más allá del Mercosur, la implementación 
de un marco normativo entre Nación y provincias que apuntara a reducir o eliminar 
la falta de responsabilidad fiscal, la desregulación del sistema de salud que 
pusiera en un pie de igualdad al sistema de obras sociales y de medicina prepaga 
generando un sistema competitivo. Y la lista puede seguir. Los resultados están 
a la vista: el producto por habitante creció tan sólo un 10% entre 1994 y 1998; 
la pobreza e indigencia comenzó a incrementarse para alcanzar el 26% y 7% respectivamente. 


Desde 1995 hasta la actualidad todas las medidas de emergencia implementadas 
en materia fiscal han tenido como basamento un elemento común: la incapacidad 
de generar una profunda reestructuración del gasto público que permita disminuir 
la incertidumbre de mediano plazo respecto a los costos impositivos, del poder 
adquisitivo de la moneda local y de la situación financiera del Estado respecto 
al cumplimiento de sus deudas. La mayoría de las medidas adoptadas en los últimos 
10 años han tenido el objetivo de evitar la Reforma del Estado, ya sea mediante 
una mayor presión tributaria por la vía de incrementos de alícuotas de impuestos 
existentes, la creación de nuevos tributos (retenciones o impuesto al “cheque” 
para dar algunos ejemplos) o el regreso al impuesto inflacionario. En el mismo 
sentido cabe mencionar a los ajustes del gasto a través de recortes salariales 
o jubilatorios o la subejecución de obras públicas, así como también el congelamiento 
de vacantes en el sector público. Otro de los mecanismos para no encarar la 
reestructuración del sector público ha sido la política de constante endeudamiento: 
desde los U$S 70.000 millones de deuda pública de principios de los 90’ se 
alcanzaron los U$S 145.000 millones al finalizar el año 2001, acumulando más 
de 150 clases de títulos y bonos emitidos a lo largo y a lo ancho del planeta. 


Vivir de emergencia en emergencia fiscal ha significado una elevada barrera 
a la generación de mayores inversiones, ya que ningún proyecto de inversión 
genuina (no aquellos que se escudan en privilegios, subsidios o mercados cautivos 
otorgados por el gobierno) puede sostenerse en un ambiente de negocios caracterizado 
por el elevado nivel de incertidumbre que le impone la crónica inestabilidad 
del sector público argentino. Así, los derechos de propiedad en nuestro país 
se encuentran constantemente amenazados por la “voracidad” fiscal del gobierno. 
Hasta que el Estado no resuelva el problema de poder mantener en el largo plazo 
una estructura  financiera sustentable, un gasto que sea pagado mediante un 
sistema tributario barato y simple y un Estado que realice eficientemente sus 
funciones (seguridad, justicia, educación y salud primaria), no habrá alquimias 
que nos alejen de la crisis permanente. Ni el acuerdo con el FMI, ni las próximas 
renegociaciones de la deuda con los acreedores privados o con las empresas 
de servicios públicos, ni las compensaciones a los bancos son sustitutos efectivos 
de la reforma del Estado.

 

 

 

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