[Lcefiec] Docencia universitaria y política académica

[Punto de Inflexión - Graduados]

Continuamos con esta serie de mails con las que, en el contexto de las
elecciones de Consejo Directivo, buscamos abrir el debate sobre diferentes
aspectos del modelo de Universidad y la forma en que se hace ciencia en el
país. Para los que no nos conocen, hemos enviado previamente una
presentación y nuestra visión sobre la extensión universitaria
(https://www.facebook.com/PuntoDeInflexionFCEN/notes).

Desde Punto de Inflexión, nos parece fundamental debatir la docencia
universitaria y las políticas académicas, tanto en lo que refiere al plano
pedagógico como a la selección y permanencia de los docentes y la
implementación de políticas institucionales, para poder aportar a la
construcción de una educación masiva, laica, de calidad, popular,
comprometida con la sociedad y que fomente el pensamiento crítico, en el
marco de una Universidad pública, gratuita, co-gobernada y autónoma. Si
bien entendemos que ambos planos son interdependientes, a los fines
prácticos hacemos una distinción para poder resaltar algunos aspectos.

Si querés ver este documento con formato, ingresá a:
https://www.facebook.com/PuntoDeInflexionFCEN/posts/512382372180761


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El plano político-pedagógico de la actividad docente

En lo que a métodos pedagógicos y formas de llevar a cabo la docencia
refiere, distinguimos cuatro tensiones que nos parecen fundamentales para
(re)pensar cómo y qué se enseña, aprende y evalúa. Para nosotros el factor
determinante es saber qué graduados queremos formar y así tener un fiel
que nos guíe a la hora de seleccionar a los docentes que puedan llevar a
cabo esta tarea.

a) Generación de pensamiento crítico vs. transferencia de conocimiento La
visión que predomina actualmente del rol docente es la de transferir
conocimiento, y el del estudiante, captar ese conocimiento. Resulta, así,
mejor estudiante quien mejor puede repetirlo. Nosotros consideramos que un
buen docente es aquel con la capacidad de problematizar los contenidos
académicos, pues esto tiende a desarrollar el pensamiento crítico: el
verdadero educador incita al estudiante a pensar por sí mismo y de forma
colectiva, no se limita a repetir lo que dicen los libros o los papers.
Por supuesto, esto requiere de parte del estudiante la asunción de un rol
más participativo y activo, con conciencia y capacidad de crítica de lo
que quiere aprender y del rol de sus educadores. No hay posibilidad de
transformar la realidad en tanto esta no es pensada críticamente y por
ello pensamos que esta es una de la cuestiones vitales en la formación de
nuestros graduados.

b) Conciencia del rol social vs. individualismo
Los estudiantes de nuestra Universidad, en general, y de nuestra Facultad
en particular, se forman sin mediar pago alguno de su parte; la educación
que reciben no es gratuita, implica un esfuerzo enorme por parte de la
sociedad que la financia. En este sentido, entendemos que resulta
imprescindible fomentar que los estudiantes, como futuros graduados,
tengan en cuenta las necesidades de la sociedad que los formó,
especialmente las de aquellos en situación más vulnerable, al momento de
desarrollar su actividad profesional, esté ésta vinculada a la academia o
no. Esto va a contrapelo de concepciones individualistas en el desarrollo
de las y los estudiantes, a partir de las cuales se fomenta la conquista
del éxito personal a través de la formación universitaria, como pasa más a
menudo en el mundo empresarial y las profesiones vinculadas al mismo.
Debemos romper con concepciones “competitivas” para poder formar sujetos
conscientes y comprometidos con la búsqueda de soluciones a las
problemáticas y necesidades de nuestro pueblo.

c) Educación como derecho: acceso y permanencia, gratuidad de la educación
superior y financiamiento único estatal
Para nosotros es un posicionamiento firme que la educación en todos sus
niveles es un derecho, por eso consideramos fundamental la implementación
de políticas sistemáticas e integrales que garanticen el acceso y
permanencia de los estudiantes en la Universidad. Así, es el Estado quien
resulta responsable de garantizarla y financiarla en su totalidad pues es
el único capaz de democratizar la satisfacción de ese derecho de la misma
forma que lo hace con la salud. Ciertamente, las condiciones materiales
son necesarias para alcanzar este objetivo pero no resulta condición
suficiente. Sólo puede alcanzarse una democratización real del acceso a la
educación cuando la lógica propia de la institución y sus prácticas
posibilitan el acceso y permanencia en la misma de todos los sectores
sociales. Esto no implica que todos tengan que estudiar una carrera
universitaria, pero sí que todos tienen el derecho a poder optar por
hacerlo.

d) Especificidad vs. integralidad
Otra tendencia en la educación universitaria actual es la creciente
especificidad y desarticulación del contenido académico, que está también
vinculado con las necesidades cada vez más específicas del “mercado
laboral” y, en nuestro caso en particular, de la labor investigativa.
Creemos vital la necesidad de pensar en una educación integral, que lejos
de perder de vista los detalles específicos, nos aporte herramientas para
enmarcarlos en procesos globales y relacionarlos con otros campos teóricos
o de aplicación.


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Recuperando algunas experiencias de la FCEyN (históricas y no tanto)

En nuestra Facultad se desarrollan y se han llevado a cabo algunas
experiencias que, a nuestro humilde entender, pueden ser un puntapié para
pensar en la concreción de algunos de los puntos antes mencionados. Uno de
ellos es el formato de los seminarios de ciertas materias, como puede ser
IBMyC, en los que se fomenta una dinámica de diálogo con ida y vuelta en
la discusión de los ejercicios y problemas. Otro ejemplo es el caso del
curso de ingreso que se implementó entre 1964 y 1966. La forma que tendría
este curso fue ampliamente discutida en su momento: podía funcionar como
filtro, como repaso de temas de la secundaria, o tener un objetivo más
amplio y servir realmente como articulación en el paso a la Universidad,
opción elegida finalmente. La idea era que el curso fuera, a la vez,
formativo y vocacional; mostraba a los estudiantes cómo se hace y estudia
ciencia en la Facultad, para que ellos pudieran así decidir qué estudiar.
Además, los contenidos se enseñaban evitando el enciclopedismo y
fomentando la participación y la crítica de todos los estudiantes. Para
armar un curso con estos objetivos, los organizadores tuvieron que hacer
un verdadero trabajo de investigación, y Rolando García, quien en ese
momento era el decano de la FCEyN, tomó la iniciativa política para que
esto se llevara a cabo, aún cuando para ello tuvo que saltearse
formalidades que impedían el dictado del curso. Esta situación contrasta
bastante con la actualidad de la FCEyN en la que la gestión, amparándose
en tecnicismos, decidió no aprobar una propuesta de curso de postgrado que
planteaba la discusión crítica del modelo científico actual. Estamos
hablando del caso del curso “Aspectos Sociales e Investigación-Acción en
Ciencia y Tecnología: un enfoque transdiciplinario”.
Otra cosa a mencionar en base al ejemplo del curso de ingreso a la FCEyN,
es la importancia de la investigación en materia de la enseñanza de las
ciencias, área que hoy tiene poco peso en nuestra Facultad, no sólo por la
baja proporción de proyectos de investigación en estos temas, sino también
por escasa o nula importancia que se le da a la formación pedagógica en
los concursos de selección docente.


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Los Departamentos y la interdisciplinariedad

Nuestra Facultad tiene una particularidad que la distingue del resto de
las facultades de la UBA: la organización de su actividad docente no se da
a través de cátedras, las cuales resultan ser muchas veces verdaderos
feudos del conocimiento, sino a través de Departamentos Docentes que
buscan abarcar grandes áreas del conocimiento. Esta forma de organización
nos parece positiva. Sin embargo, no podemos dejar de notar que en muchos
de estos departamentos no se cumplen las premisas de rotación de los
docentes por las distintas materias, sino que existen profesores que
quedan “enquistados” en algunas materias en particular. A su vez, vemos
que hace falta una política institucional de articulación y colaboración
académica intra e interdepartamental de manera de mejorar el dictado de
las distintas materias y la articulación entre contenidos, los cuales
muchas veces se repiten innecesariamente o no se trabajan de forma
integral, incluyendo las diversas perspectivas detrás de los mismos. Sería
interesante recuperar la esencia de este instrumento, de manera tal de
mejorar la enseñanza de las ciencias en nuestra Facultad. Esto se podría
llevar a cabo, por ejemplo, a través de grupos pedagógicos por área que
colaboren en la planificación docente de las distintas materias que
pertenecen a dicho área.


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Articulación con otros niveles educativos

Entendemos que la Universidad Pública es uno de los espacios en los que se
produce conocimiento. En particular, la FCEyN es uno de los centros de
investigación más importantes de nuestro país. Dicha producción de
conocimiento no sólo debería contemplar las necesidades sociales de
nuestro pueblo sino que además debería pensarse como parte del patrimonio
social y cultural del mismo. Es en este sentido que consideramos de vital
importancia la vinculación de la FCEyN y de la Universidad en su conjunto
con otros niveles educativos, en particular la escuela media, no desde el
punto de vista de la divulgación científica sino también como sistema
integral de diálogo, tanto para enriquecer a los otros niveles con el
conocimiento que se produce en la Universidad Pública, como para a su vez
orientar la investigación en la enseñanza de las ciencias, por ejemplo,
hacia las problemáticas y realidades que atraviesan al sistema educativo
en su conjunto en la actualidad. Bajo esta perspectiva, cobran vital
importancia los proyectos de investigación que se puedan plantear en el
marco del CEFIEC y en vinculación con otros institutos de formación
docente.


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Criterios para la selección docente: algunas puntas para el debate

Como ya mencionamos anteriormente, nosotros consideramos que los criterios
utilizados para la selección docente están íntimamente relacionados con el
perfil de graduado al que se apunta como institución.
En cuanto a los docentes en sí mismos, el Estatuto Universitario de la UBA
establece una clara diferenciación entre “Profesores” (Docentes titulares,
adjuntos y asociados) y los “Docentes Auxiliares” (JTP y los llamados
“Ayudantes”). Pero además, por lo general todos estos docentes también
tienen otras dedicaciones: en la FCEyN los profesores suelen ser
investigadores, mientras que la gran mayoría de los “docentes auxiliares”
son estudiantes de grado o posgrado, o trabajan por fuera de la
Universidad. Por otro lado, y como ya mencionamos anteriormente, a los
docentes no se les exige contar con una formación en temas pedagógicos, se
cree que simplemente por tener los conocimientos específicos de un área se
tiene la capacidad de “educar”.
Nadie discute que el ingreso a la docencia debe realizarse por concurso
público en alguna modalidad y la discusión a este respecto está vinculada
sobre qué aspectos deben ser priorizados cuando se evalúa a los
aspirantes. Comúnmente se estipula que la evaluación se lleva a cabo por
concurso de antecedentes y prueba de oposición.
No tan simple es la discusión acerca de la estabilidad de los trabajadores
docentes. En nuestra facultad este tema siempre ha sido afrontado en
blancos y negros. Están quienes se posicionan del lado de la
implementación de una carrera docente como única posibilidad de garantizar
los derechos laborales de los docentes, y quienes defienden que los
concursos abiertos y periódicos son una garantía de calidad. Una cosa sí
es verdad, cada posicionamiento tienen razón acerca de las falencias del
otro. Estamos de acuerdo en que la sustanciación de concursos abiertos y
periódicos que no atienden a los derechos laborales de los trabajadores
son un mecanismo perverso de incentivar una carrera inhumana entre
personas que debieran colaborar en lugar de competir, y también estamos de
acuerdo en que la discusión de una carrera docente que garantice calidad
no puede ser enunciada sin detallar los mecanismos evaluatorios que
permitan retirar de sus cargos a las personas que incumplan con sus
obligaciones. La tensión a resolver es la que deviene de los derechos de
los trabajadores y sus obligaciones como funcionarios públicos vinculados
a la educación.
En nuestra opinión, se vuelve interesante pensar algunas cosas sobre estos
dos mecanismos. ¿Qué se valora en estas formas de selección y cómo incide
esto en el proceso educativo? ¿Qué tipos de docentes se buscan y por qué?
¿Es necesario optar entre una u otra forma, o se podrían buscar formas
intermedias, que además de garantizar la estabilidad laboral, permitan
evaluar otros aspectos de la labor docente? Consideramos que la comunidad
académica de nuestra Facultad tiene que darse un debate plural y sincero,
lejos de dogmatismos y escapando a la lógica binaria de oficialismo vs.
oposición donde las argumentaciones, como dijimos antes, resultan más de
la identificación de debilidades ajenas más que de fortalezas propias,
donde las distintas opciones son presentadas como perfectas o desastrosas
cuando, en general, distan bastante de ser una cosa o la otra.
Como Punto de Inflexión buscamos aportar ideas a este debate, pero sobre
todo, queremos que, sea cual fuera la opción, surja de las necesidades e
inquietudes de la comunidad de la FCEyN.


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Evaluación y Acreditación Universitaria

Nuestra Facultad se ha dado un proceso masivo de discusión al respecto de
la evaluación y acreditación universitaria ante la CoNEAU. Proceso que
tuvo su punto más álgido en el 2010, cuando la FCEyN decidió
institucionalmente no presentar sus carreras para su acreditación ante la
CoNEAU, en tanto no se derogue la actual LES y se sancione una nueva Ley.
Este conflicto fue protagonizado en su mayoría por las y los estudiantes,
acompañados por docentes e investigadores. La CoNEAU se encarga de evaluar
a las instituciones universitarias en general y los planes de estudio de
las carreras declaradas de interés público en particular, buscando la
estandarización a nivel nacional como instrumento para “equiparar” a las
universidades públicas con privadas de menor calidad, pero más adaptadas a
los intereses de los organismos financieros internacionales. Es preciso
mencionar que la CoNEAU está compuesta por 12 miembros de los cuales sólo
3 son de universidades públicas, 2 responden a universidades privadas (el
CRUP y la ANE) y la mayoría automática la tiene el poder político con 7
miembros entre el Congreso y el Ministerio de Educación. Así, la
declaración de interés público de una carrera abre las puertas a la
intervención en la currícula por parte del gobierno de turno, siendo la
CoNEAU quien se encargue de que se cumplan esos criterios, que resultan
ser aquellos de interés para los sectores de poder, estableciéndose así
como el engranaje clave para el direccionamiento de las políticas
universitarias.
No es ningún secreto que, a pesar de todo lo dicho hasta acá, los
postgrados de nuestra Facultad están acreditados. Y es que, a partir de
1996, en el marco de la sanción de la LES, los organismos que financian la
investigación científica del país incluyeron, por decreto presidencial, el
requisito de estudiar un posgrado acreditado para recibir una beca de
investigación, que es una de las principales fuentes de trabajo de
nuestros graduados. Desde Punto de Inflexión consideramos que nuestros
postgrados no deberían estar acreditados. Sin embargo, entendemos que el
camino para conseguir esto no es poner en riesgo el trabajo de nuestros
graduados, sino dar la pelea por la derogación de la actual LES y la
sanción de una nueva Ley. En ese sentido, aún hoy, existen muchos
interrogantes por debatir: ¿Es necesaria la evaluación y acreditación?
¿Por qué? En caso que la respuesta sea sí: ¿cómo definir criterios y
parámetros de evaluación? ¿quién debería definirlos? ¿de cara a qué
intereses? ¿quién debería hacer la evaluación? ¿autoevaluación, evaluación
externa, o ambas? ¿cómo se relaciona todo esto con la autonomía
universitaria? ¿cuál debería ser la injerencia del gobierno, en caso de
existir? Nuestra opinión es que debe impulsarse una política de
autoevaluación de la FCEyN bajo los criterios que definamos de conjunto, y
no según los criterios de la CoNEAU, que permita modificar los aspectos
pasibles de ser mejorados y resaltar aquellos que tienen que mantenerse.
La FCEyN como parte de la Universidad Pública debe poder establecer sus
objetivos y pautas institucionales de forma autónoma, a través de sus
órganos de co-gobierno y en base a debates amplios que busquen incluir a
todos los claustros. Como Punto de Inflexión consideramos que las y los
graduados tenemos que participar de estas discusiones y tomar
posicionamientos claros que nos permitan avanzar en la transformación de
nuestra educación universitaria. Es por esto que, mientras fuimos
estudiantes, impulsamos la organización del Congreso por una Nueva LES en
la FCEyN en mayo de 2012, cuyo propósito fue debatir los pilares de la
educación superior pública para generar consensos en torno a cuál debe ser
el contenido de una nueva LES.


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Algunos puntos a tener en cuenta para una Nueva LES

Aunque entendemos que este debate no debe ser saldado al interior de una
agrupación, sí consideramos necesario explicitar nuestra opinión con
respecto a algunos puntos mínimos que dicha Ley debería contemplar: La
educación es un derecho y no un servicio. Por esto debe ser, en todos sus
niveles, laica, gratuita, autónoma, pública y 	co-gobernada.
La función de la Educación Superior es la formación humana, científica,
social y profesional del pueblo, por tanto debe cultivar el pensamiento
crítico, autónomo y emancipador.
El financiamiento de la Universidad Pública es responsabilidad única e
indelegable del Estado. Esto debe reflejarse en un presupuesto acorde para
el desarrollo de todas las actividades de docencia, investigación y
extensión. Es responsabilidad del Estado sostener la gratuidad de la
educación de grado y posgrado, así como la creación de políticas que
breguen por la permanencia (becas, materiales de estudio, comedores,
incentivos, y otros). Es función del Estado garantizar salarios dignos a
todos los trabajadores y trabajadoras del sistema  educativo.
Cualquier tipo de evaluación académica o institucional debe contemplar las
siguientes condiciones: La definición de criterios de evaluación que
respeten la autonomía universitaria. Su ejecución debe ser realizada en
forma independiente del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y de
cualquier entidad privada. La participación de los estudiantes, docentes,
graduados y otros actores sociales debe estar garantizada.


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Punto de Inflexión
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