[Lcefiec] Tras el 7D: La lucha de los medios comunitarios alternativos y populares, y de los trabajadores de medios audiovisuales

[Bandera Negra Tendencia Estudiantil Libertaria- Exactas]

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El 7 de diciembre hubiera vencido la medida cautelar que le permitía
al Grupo Clarín postergar el plazo de desinversión postulado en el
artículo 161 de la llamada Ley de Medios (Nº  26.522, de Servicios de
Comunicación Audiovisual). Aún así, el grupo empresario que supo
defender a las distintas dictaduras y hacer negociados con cuanto
gobierno le acomode, puso en marcha su capacidad de tracción en los
tribunales para lograr un prórroga de último momento, ganando así un
poco de tiempo antes de tener que presentar un plan técnico ante el
Estado. En cualquier caso la ocasión es propicia para discutir las
perspectivas cruzadas que desde el movimiento popular y clasista puede
tenerse, dado que importa a futuro porque será una componente
determinativa sobre cómo enfrentar lo que pueda pasar (y probablemente
ya esté pasando) en los ámbitos mediáticos, tanto desde los actuales
trabajadores de medios audiovisuales como de los medios comunitarios,
alternativos y populares.


Lejos de tratarse de un aspecto puramente económico en el que los
trabajadores de medios audiovisuales ven peligrar sus fuentes de
trabajo, el debate tiene una dimensión comunicacional (como toda
actividad, incluso las económicas) que en este caso pesa de un modo
central. La ausencia de un plan técnico y la falta de resoluciones de
fondo por parte de la autoridad de aplicación (Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de aplicar la ley,
AFSCA), pinta un panorama gris desde el cual, mediante la tan mentada
aplicación, pueda montarse cualquier resolución que le acomode al
gobierno. También contribuyó a este panorama, la construcción mítica
de una fecha (tras la conjunción alfanumérica “7D”, ahora caída en
saco roto) que puede implicar cuestiones muy distintas, juntas o
separadas: bien podrían desmantelarse a los grupos empresarios no tan
afines al gobierno, así como también favorecer a los amigos, amigotes,
y organizaciones del palo propio, y por supuesto cajonear la
posibilidad de que organizaciones comunitarias alternativas y
populares ingresen formalmente en el panorama audiovisual, cuestión
que fue el mascarón de proa en las campañas previas a la promulgación
de la ley que realizó el gobierno y que ahora parece poco menos que el
furgón de cola.

Otra de las construcciones discursivas del gobierno ha sido la de
sostener en el pedestal de enemigo máximo al Grupo Clarín,
identificándolo como “el” grupo concentrado. Ciertamente Clarín no
solamente es el grupo mediático más concentrado del país, acumulación
conseguida con los apoyos y presiones que supo cosechar desde todos
los gobiernos desde su fundación en 1945 (incluso el gobierno de
Kirchner con el decreto 527/05 que prorrogó el llamado a concurso
durante 10 años, y el hecho de haber aprobado la fusión de Multicanal
y Cablevisión). Sin embargo, si esa construcción tiene fundamento real
cuando denuncia a Clarín, se torna en mítica cuando oculta la misma
concentración que el gobierno favoreció para con otros empresarios
afines. Sin ir muy lejos se puede mencionar a Sergio Spolsky (quien en
2011 recibió el 21% de la pauta oficial entre sus medios gráficos como
Diario El Argentino, Tiempo Argentino, Diagonales, Buenos Aires
Económico, y revista Veintitrés, además de sus medios audiovisuales
como Radio América, CN23, o Vivra en televisión digital), o Cristóbal
López (quien compró en un combo de 40 millones de dólares los medios
de Hadad, a saber C5N, Radio 10 y las FM Vale, Mega, Pop y TKM). Estos
son sólo unos pocos de una lista que podría extenderse más si se
considera a los grupos que supieron avanzar con el menemismo (como
Telefónica, controlante de Telefé, y Prisa, dueño de la mayor cadena
de radios privadas del país) y que el kirchnerismo está tan cerca de
reparar en su situación como esos medios de criticar en algún aspecto
al gobierno.

La Ley de medios ha funcionado hasta el momento como un margen de
maniobra para que el gobierno logre conformar un sector de grupos
concentrados que le respondan con distintos grados de lealtad. A veces
esto se ha dado a través de vista gorda de la AFSCA, o a través de
decisiones ejecutivas directas, como el reparto de la pauta oficial.
Al mismo tiempo la AFSCA ha funcionado como una valla de contención
para que los medios comunitarios, alternativos y populares bien poco
puedan hacer para acceder al sistema formal de medios (puesto que ya
existen hace varios años). Toda ley burguesa tiene sus límites para el
avance de conquistas populares. Si esta ley pintaba un marco en el
cual se podría avanzar sobre ciertas reivindicaciones, lo hecho por el
gobierno hasta el momento tanto para favorecer nuevas concentraciones
de los empresarios kirchneristas, como para obstruir el avance de los
medios que los oprimidos y explotados han sabido levantar, da mucho
para pensar que el espíritu democratista con el cual fue y es
difundida es más una retórica que una disposición real para permitir
que el pueblo avance en conquistas culturales.


La adecuación como argumento de un ajuste sobre los trabajadores

Yendo puntualmente a la situación de los trabajadores de los medios
audiovisuales que con la aplicación del artículo 161 de la nueva ley
deben desinvertir, su situación es por demás incierta. Dado que el 7
de diciembre es la fecha a partir de la cual el Estado (a través) de
la AFSCA “actuará de oficio” sobre aquellos medios que no hayan
presentado un plan técnico para desinvertir, los trabajadores no
tienen certeza alguna de que pasará con ellos cuando el Estado “actúe
de oficio”. Por el momento, sólo se consta de lo que ha salido por
boca de Martín Sabatella (actual titular de la AFSCA): “se van a
preservar las fuentes de trabajo”, le gusta repetir al nuevo heraldo
del gobierno en la materia.

Esta situación bien puede contraponerse contra el 37% de precarización
laboral (datos del propio INDEC nacional y popular) que impacta aún
más entre los trabajadores de la comunicación donde la precarización
ha sido institucionalizada hace ya mucho tiempo con la famosa figura
del “colaborador” (trabajador con menos de 24 participaciones al año).
De hecho, cabe preguntarse sobre el porcentaje de trabajadores bajo
contrato (los cuales caducan y ocasionalmente se renuevan cada 6
meses) que mantiene hace años el mismo gobierno en los medios
estatales (Télam, Canal 7, Radio Nacional AM y FM, etc). Tanto la
precarización general, que puede darle a las empresas de medios margen
para dejar en la calle a una parte importante de sus plantillas de
trabajadores en el proceso de adecuación a la ley, como la
precarización que mantiene el Estado en sus propios medios, son
argumentos que poco aportan a seguir sosteniendo la frase “se van a
preservar las fuentes de trabajo”.

Como siempre, la tarea de resistir el ajuste más o menos pronunciado
que se quiera instrumentar será obra de los trabajadores organizados y
no de una ley llena de bonitas palabras que apenas si los incluye
formalmente. Muy poco hizo en estos años el ministerio de Trabajo para
que los trabajadores de Clarín recuperasen su comisión interna, así
como muy poco hizo el mismo ministerio de Tomada para frenar los
despidos en el diario Perfil. Si la “pluralidad de voces” fue y es uno
de los caballitos de batalla de la nueva ley de medios, se trata de
una pluralidad en la que la voz de los trabajadores no está incluida.

En todo caso el debate tiene una dimensión comunicacional que está
lejos de agotarse en las fuentes de trabajo que peligren, aunque es
igualmente importante resaltar la cuestión dado que una nueva ley,
como toda ley burguesa, por su misma naturaleza separa el debate
acerca de la condición laboral de los trabajadores de medios
audiovisuales respecto del marco comunicacional en el que venden su
fuerza de trabajo y capacidad de producción intelectual. Es nuestra
tarea de reflexión entender que sin cambiar la relación subordinada
que a través de la estructura de propiedad se mantiene el yugo sobre
los trabajadores, no podrán cambiarse en última instancia buena parte
de las dominaciones culturales que pesan sobre el resto del pueblo.


Una participación muy indirecta incluso para la democracia representativa

Otro de los puntos para resaltar es que uno de motivos-fuerza en todas
las campañas que el gobierno realizó desde la promulgación de la ley
en 2009 es que la ley era más inclusiva en términos participativos.
Sin embargo al examinar la participación decisoria que pueden alcanzar
tanto los trabajadores como organizaciones populares está muy dejada a
un costado de este debate. La Ley apenas contempla la participación
dentro del llamado “Consejo Federal Audiovisual”, un organismo que
tiene 2 votos dentro de la AFSCA, sobre 7 totales. A su vez, los 2
votos del el Consejo Federal Audiovisual descansan en el presidente y
el vicepresidente del consejo los cuáles son elegidos por un total de
40 miembros. Entre estos 40, se puede advertir que la ley guarda tres
lugares para las organizaciones sindicales de los trabajadores de
medios, 3 para las llamadas entidades “sin fines de lucro”, y 1 para
un representante de los Pueblos Originarios reconocidos ante el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Es decir que la mayor participación popular que puede haber en la
aplicación de la ley se diluirá entre los 40 votos del Consejo Federal
que se traducen en 2 votos (sobre 7) en la AFSCA, organismo encargado
en última instancia de aplicar la ley. Este entramado de
“participación” en el que se ve embrollado el papel formal que pueden
jugar las organizaciones populares y los trabajadores, sólo sirve para
hacernos entender el ninguneo que han sufrido estos sectores luego de
que las campañas de agitación del gobierno durante estos tres años
pasaron principalmente por la inclusión de los medios comunitarios
como motivo central de la ley. Incluso se ha llegado a sostener desde
sectores kirchneristas que la nueva ley “dará más trabajo”, cuestión
por demás discutible, puesto que no está garantizado quién ni cómo se
sostendrá la cuota del 30% de producción nacional que, según la nueva
ley, deben mantener todos los medios. “Participación”, incluso tomada
en abstracto, es algo que poco hizo la AFSCA para darle a los
trabajadores y organizaciones populares, aún cuando en concreto,
fueron esos mismos actores quienes durante 26 años lucharon por lograr
un marco comunicacional al menos un poco más democrático, por más que
se tratase del mismo Estado burgués y capitalista.


Los medios alternativos, comunitarios y populares continúan una lucha
que nunca dejaron

La disputa comunicacional por lograr que las organizaciones del pueblo
a través de los medios comunitarios, alternativos y populares puedan
acceder a mejores condiciones en las cuales difundir otras voces
(capacidad de transmisión, financiamiento, reconocimiento estatal para
que no le decomisen los equipos, etc), es una parte importantísima
dentro de la batalla cultural apuntando a construir una subjetividad
contrahegemónica.

 Sin embargo las acciones del gobierno en este sentido han sido de
pobres a nulas. Por empezar, el eufemismo de “entidades sin fines de
lucro” puede albergar tanto a sindicatos, como clubes barriales, como
fábricas recuperadas, tanto como a iglesias, fundaciones dependientes
de empresas de medios, y asociaciones estilo ONG, lo cual significa
que no necesariamente esa parte del radioespectro será adjudicado a
los medios comunitarios alternativos y populares (sino que deberán
disputarlo con entidades como la Iglesia,  ONGs de diversa índole, o
sindicatos empresariales como la UOCRA que ya dispone de su propio
canal para TV digital). Al mismo tiempo los pliegos para acceder a una
licencia tienen un piso de $ 40.000 para las “entidades sin fines de
lucro” (monto que va en aumento según la zona y la potencia con la que
se busque transmitir), lo cual deja bastante margen para sospechar de
donde vendrán los fondos en caso de que alguna entidad “sin fin de
lucro” llegue a esa suma como excedente (además de mantenerse a sí
mismo), así como también se trata de una exclusión directa para medios
comunitarios, alternativos y populares que no tienen más
financiamiento que el aporte de sus propios integrantes. Otra cuestión
largamente denunciada es que para poder acceder a las licencias se les
exige poseer una personería jurídica que poco tiene que ver con las
formas de organización y estructura de funcionamiento que tienen los
medios comunitarios, alternativos y populares(*).

En lo referente al otorgamiento de las licencias, es que en la ley de
la dictadura (22.285) solo podían ser ajudicatarias de licencias las
entidades comerciales, mientras que en la ley 26.522 (la nueva ley) se
suman a las “entidades sin fines de lucro”. Este es un punto que
coaligó a un arco progresista muy importante, porque ven en él la
posibilidad de que sus radios y televisiones comunitarias o barriales
pasen a ser legales y no estén expuestas a las arbitrariedades de las
policías locales. Si bien esto es cierto en términos formales, el
radioespectro tiene un límite, y para las “entidades sin fines de
lucro” el porcentaje es el de 33% por cada lugar de cobertura. Si
sumado a ello consideramos que las licencias las sigue dando una
autoridad de aplicación (AFSCA), en la que, como dijimos antes el voto
de los sindicatos y entidades populares están muy relegadas en la
pirámide de decisión, la cuenta da muy poco margen para que todo el
arco popular y combativo saque una tajada importante sobre ese 33% del
espectro radioeléctrico.

La expresión más cercana a poder adecuar la actual disposición del
espectro radioeléctrico de modo tal que los medios comunitarios
alternativos y populares pudieran acceder de algún modo, se dió en el
fracasado censo de medios impulsados por las AFSCA. El mismo fue dado
de baja el 24 de julio de 2012, cuando la AFSCA reconoció el fracaso
en la convocatoria a nuevos medios, dejó sin efecto el censo, y en
consecuencia toda la cuestión de la redistribución del espectro
radioeléctrico quedó en “veremos…”. De este modo quedaron colgados los
medios “sin fines de lucro” y ahora no saben cuándo podrán acceder.

En suma de nuevo, como en toda ley burguesa, tenemos una inclusión
formal que poco margen deja para evitar la represión práctica dado
que, el que quede afuera de ese 33% del espectro, será tan ilegal como
cuando estaba vigente la ley de la dictadura y encima no estará
respetando la “ley progresista”.


Un reacomodamiento mediático en sintonía con los sectores hegemónicos
de la burguesía

En cuanto a la batalla, si se quiere mas comunicacional, es decir en
lo que respecta a la distribución del espectro radioeléctrico y las
licencias de cable, claramente el Grupo Clarín es a quién más le toca
desinvertir. Sobre casi un total de 360 licencias de cable en todo el
país, el grupo de la corneta detenta 237, lo cual lo posiciona como el
oligopolio más concentrado con el 65% del mercado. De este modo, dado
que la nueva ley permite un máximo de 24 licencias de cable en todo el
país para el mismo grupo empresario, Clarín deberá vender alrededor de
213 licencias. A su vez deberá desprenderse de los canales de aire que
posea en los lugares donde decida seguir prestando cable (la matriz de
su negocio). Por si esto fuera poco, el grupo posee 25 licencias en el
espacio radioeléctrico cuando el máximo es de 10 a nivel nacional.

Si bien el gobierno se ha encargado una y otra vez de resaltar cada
cuestión en la que el Grupo Clarín debe desprenderse de medios para
lograr adecuarse a la ley (y bienvenido que lo sea), no ha sido tan
enfático con el resto de los grupos empresarios, mucho menos con los
amigos o socios. Sería muy engorroso detallar cada caso, pero sin
embargo pueden repasarse algunos de ellos. En caso más escandaloso es
el de Telefónica de España quién controla indirectamente Telefé (a
través de otra empresa llamada Enfisur) y otras licencias de
televisión a nivel nacional, siendo que al tratarse de una empresa de
servicios públicos no puede acceder a licencias de servicios
audiovisuales. Sin embargo Martín Sabatella elije creer la versión de
que la controlante directa de Telefé (Enfisur) no tiene estructura
productiva que lo vincule a Telefónica de Argentina, por más que
Telefónica de España controle ambas empresas. En este caso Sabatella
salió del paso diciendo “la AFSCA va investigar” por más que se trate
de una relación societaria que ya lleva casi 20 años. Otro caso es el
de la sociedad entre los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Spolsky
(el segundo más afín al gobierno que el primero) en distintos canales
del interior del país. Una vez más Sabatella dice: “la AFSCA va a
investigar”. Así pueden seguirse citando casos de empresarios unos más
afines al gobierno y otros no tanto (Rudy Ulloa en Santa Cruz, el
ultra kirchnerista Cristóbal López del grupo Indalo, Grupo Uno
principalmente en Mendoza, el viejo y conocido menemista Moneta en
distintas partes del país, etc, etc) que no se adecuan a la ley y que
el peso de la AFSCA les está cayendo a unos más livianito que a otros.

Demás está decir que la ley no vuelve sobre los pasos de la ley
menemista (las modificaciones a la 22.285, en realidad), ni mucho
menos sobre los de la ley de la dictadura, en cuanto a la conformación
de multimedios. Originalmente la ley 22.285 promulgada por el dictador
Videla en 1981, no permitía que los medios gráficos accedieran a
licencias de TV o de radio AM/FM. Sin embargo, y como hizo en todo su
período, el turco patillón “mejoró” los términos oligopólicos en los
que se regulaba a los medios permitiendo que accedieran los medios
gráficos a licencias de TV (con lo cual entraron Clarín a canal 13,
Editorial Atlántida al 11), además de ampliar el máximo de licencias
permitidas a un mismo grupo de 4 a 24, y además de decretar la
transferibilidad de las licencias (con el decreto 1005/99). La actual
ley sigue permitiendo la conformación de multimedios así como
establece un máximo de 10 licencias por grupo, mientras que la
original de la dictadura un máximo de 4. Muy lejos de estar a favor de
una ley ultra centralista y estatista como la de la dictadura, es
importante resaltar que con los mismos términos con los que el arco
progresista juzga y exalta la ley del kirchnerismo, podría exaltar
aspectos generales de la ley original de la dictadura. En cuanto a la
transferibilidad, el actual mapa de medios tiene su primera perlita
con la transferencia de la totalidad de los medios del grupo Hadad al
kirchnerista Cristóbal López, bajo la argumentación de que la
operación estaba incluida dentro de un plan de adecuación cuando ya de
por sí la totalidad de los medios de Hadad no se adecuaban a la ley.

  Que al Grupo Clarín se le quite poder de fuego comunicacional,
ajustándolo a un nuevo marco normativo es sin dudas una condición
fundamental para que los trabajadores y el pueblo organizado pueda
avanzar en la disputa cultural. Sin embargo, el gobierno se ha
encargado mucho más de tratar de desmantelar a Clarín y en armar
mediáticamente a sus socios empresariales, y muy poco en tratar de
incluir o ampliar la cuota de los medios comunitarios, alternativos y
populares. La situación así planteada da para pensar que la nueva Ley
de Medios y su aplicación concreta se trata mucho más de la expresión
mediática de un reacomodamiento en la correlación de fuerzas burguesas
que de un espacio abierto para que las organizaciones populares a los
sectores ganen espacios reales frente al Estado y el Capital.

Por más que a través de una ley se busque separar el lugar de los
trabajadores y el marco comunicacional, el lugar de los estudiantes
deberá ser el mismo de siempre: junto a los trabajadores de medios
audiovisuales para defender los puestos de trabajo y hacer cumplir sus
derechos, y junto a los medios comunitarios alternativos y populares
para lograr más inclusión y arrancarle al Estado y al Capital lo que
al pueblo corresponde.

(*) Estos cuestionamientos y más, pueden encontrarse en los planteos
realizados por la Red Nacional de Medios Alternativos (RMNA),
organización que hace años viene luchando por lograr la inclusión de
los medios comunitarios, alternativos y populares.

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