[Lcefiec] Que no se apruebe la ley antiterrorista / Propuesta Consejo Directivo FCEN

Lista Unidad unidad at ce.fcen.uba.ar
Mon Dec 19 15:39:50 ART 2011


Queremos alertar sobre la reciente media sanción de la cámara de diputados
de la ley antiterrorista.
En este sentido presentaremos un proyecto sobre tablas en la sesión del
Consejo Directivo del día de la fecha (que adjuntamos) y adherimos al
comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia:

"COMUNICADO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL ENCUENTRO MEMORIA,
VERDAD Y JUSTICIA

Si se aprueba esta ley:
EL RECLAMO ES TERRORISMO

Los abajo firmantes, integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia,
expresamos nuestro repudio al nuevo proyecto de ley “antiterrorista”
enviado al Congreso de la Nación por la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner el 14 de octubre de 2011.

 Como si no fueran suficientes las más de 4.000 causas judiciales que hoy
existen en la Argentina contra luchadores sociales por reclamar
condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, estudio y medio ambiente,
el Gobierno Nacional envió el pasado 14 de octubre al Congreso Nacional
un nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”.

Este proyecto de ley  castiga con penas altísimas a cualquier acto
político, social o individual que bajo la decisión arbitraria de un juez
esté dirigida a “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a
cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios,
derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus
derechos.

Denunciamos que esta ley es promovida a pedido del Departamento de Estado
de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones
Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización
de la lucha política y social.

 Bajo el pretexto de combatir delitos graves y sus fuentes de
financiamiento el proyecto modifica la ley antiterrorista existente
aprobada en 2007 y agrava y profundiza aún más la criminalización  de la
protesta social.

Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados
en el marco de protestas sociales que reclaman  tierra para vivir o
condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente los delitos
imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a
quienes está dirigido el presente proyecto de ley.

Por todo eso decimos:
Repudiamos al Gobierno Nacional por impulsar este proyecto de ley
violatoria de las más elementales libertades democráticas, y a todos los
diputados y senadores que la apoyen con su voto.

Convocamos al conjunto de la población y de las organizaciones sociales,
políticas y de derechos humanos a rechazar el nuevo proyecto represivo y a
exigir la derogación de la ley antiterrorista del año 2007, hoy vigente.

Para adherir enviar correo a treintaanios at yahoo.com.ar

Invitamos a todas las organizaciones a acompañarnos en:
CONFERENCIA DE PRENSA
Lunes 19 de diciembre de 2011 a las 15 hs
Salón Cabezas del Congreso

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEPLiberpueblo

Contactos:
AEDD: 15-53372868
APEL: 15-56045905
CADHU: 15-50951324
CEPRODH: 15-41702398
CADEP: 15-58644064
LIBERPUEBLO: 15-69703562"



Enviamos a todos el proyecto que propondremos en el Consejo Directivo y
más adelante adjuntamos una carta abierta con una importante cantidad de
adhesiones de organizaciones y personalidades:


Visto

El proyecto de ley de modificatoria del código penal en materia de
prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con
finalidad terrorista.



Considerando

Que el mismo obtuvo media sanción de la cámara de diputados y que se
encuentra próximo a tratarse en la cámara de senadores.

Que en el mismo se castiga a cualquier acto político, social o individual
que bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigida a “obligar a las
autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”
como acto terrorista, multiplicando las penas.

Que transforma en “terrorista” a cualquier movimiento de trabajadores,
estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que
intente reclamar por sus derechos.

Que en nuestro país hay más de 4.000 causas judiciales contra luchadores
sociales por reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud,
estudio y medio ambiente.

Que esta ley es promovida a pedido del Departamento de Estado de Estados
Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se
enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a
nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha
política y social.

Que además implica caratular del mismo modo a quienes mediante una
protesta intenten incidir en las decisiones políticas que se tomen con
quienes cometieron graves atentados contra el pueblo.

Que un amplio conjunto de organismos de Derechos Humanos ha repudiado este
proyecto de ley como son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre y otras.



El Consejo Directivo de la FCEN resuelve:

Art. 1: Repudiar el proyecto de ley modificatorio del código penal en
materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas
con finalidad terrorista, por tratar y castigar a la protesta social como
un acto terrorista.

Art. 2: Reclamar al Poder Legislativo Nacional que se abstenga de
sancionar una ley de estas características.

Art. 3: Comunicar a los legisladores nacionales, a la Presidencia de la
Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Art. 4: Dar amplia difusión por las listas de correos de la facultad.

Art. 5: de forma.






CARTA ABIERTA

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta
Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del
Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades
Delictivas con Finalidad Terrorista.

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de
octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la
capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes
los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva
agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de
generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o
abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la
pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la
aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente
utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la
persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o
simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha
tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido
la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la
ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses
a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se
considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de
la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas
desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto
en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor
que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las
personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las
condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través
de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el
estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación
simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los
casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este
criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos
a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por
sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo.
Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la
prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos
penales, que no son terroristas.

Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro
país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos
con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de
organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que
puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta
iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de
las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad
hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar
contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente
al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente
punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud
pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele
extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que
desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así
como el marco normativo interno.

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que
presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas
como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que
reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de
organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones
terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de
aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la
respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras
inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la
persecución penal a la protesta social.

Para adherir enviar mail a: leyantiterrorista at yahoo.com.ar,

1) Organizaciones nacionales:
 AADI –Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena
 ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)
 CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
 CEPPAS (Centro de Políticas Publicas para el Socialismo)
 A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional
de Acción Ecologista
de Argentina)
 Agrupación política Colectivo por la Igualdad. Centro de Estudio y Acción
por la Igualdad
 ALERTA ANGOSTURA, Provincia de Neuquén.
 Asamblea ¡Córdoba Ciudad Despierta!
 Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana (Buenos Aires)
 Asamblea de Organizaciones y vecin at s movilizados por la soberanía
alimentaria. Región del
Alto Valle- Río Negro.
 Asamblea Popular del Cid
 Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza
 Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba)
 Asambleas Ciudadanas Riojanas
 Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros,
Provincia de Tucumán.
 Asociación Civil Amigos de Guapoy
 Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche.
 Asociación Civil Hermanos de la Tierra
 ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
 Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina
 Asociación Promoción Para La Cultura Y Desarrollo en Argentina- APCD
(Formosa)
 ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte
Argentino)
 ATE ROSARIO – a través de Gustavo Martínez Secretario General
 Be Pe - Asociacion Civil Bienaventurados los Pobres (Catamarca)
 Biblioteca Popular Obrera Maria Luisa Buffo de Ferro, Monteros, Provincia
de Tucumán.
 Campaña Salvemos al Iberá,
 CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación
- Universidad de
Buenos Aires).
 COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha).
 COEPSA (Centro Oeste de Estudios Politicoas y Socioambientales)
 Colectivo por la Igualdad (CxI)
 Colectivo Voces Alerta
 Comunicación por la Libertad (CxL)
 Comunidad Tehuelche-Mapuche "GAJNA INA ÜYEY A GAYAU - AZ WAIWEN KÜRRÜF,
Dolavon,
Chubut
 Conciencia Solidaria ONG Interprovincial
 Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro
 Consejo Departamental de Comunidades departamento de Cochinoca provincia
de Jujuy
 Corriente Julio Antonio Mella / Juventud Rebelde - Presidencia FUBA
 Eco –Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología
 Ecos de Saladillo (Buenos Aires)
 ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
 Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra
 FARN - Fundación Ambiente y Recursos Naturales
 Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes.
 Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan
 FORO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PATAGONIA SEDE COMODORO RIVADAVIA (Chubut)
 Fundación Ecosur Ecologia, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur
-filial Patagonia
Norte-
 Greenpeace
 Hecho en Bs. As.
 Jóvenes de la CC ARI Mendoza
 JxI – Jóvenes por la Igualdad
 Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del
pueblo
 Los Verdes – Foro de Ecología Política
 MANBLAS – Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases
Latinoamericanas y Sociales
(Neuquén)
 MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS (MPP)
 Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy)
 Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén)
 Organización Ecologista Guardianes del Iberá (Corrientes)
 Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las
Cascadas, ElAmanecer,
Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2
de Mayo con
SERVIPROH (Organización Social)
 Pañuelos en Rebeldía
 PIDHDD- Capítulo Argentina - (Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y
Desarrollo
 Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil- Tucumán
 Puesto Informativo - ASANOA (Tucuman)
 Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra (Córdoba)
 Red Provincial de ONG’s de San Juan
 Secretaría DDHH CTA Chubut
 SERPAJ ARGENTINA – Servicio Paz y Justicia
 Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas - Servijupi (Formosa)
 Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut Sitrajuch
 SOS Delta.org
 Sur para la Emancipación (Mendoza)
 Vecinos de Traslasierra por el Ambiente (Córdoba)

2) Personas:
 Alberto Binder
 Ana Laura Alvarez, coordinadora de Asociana.
 Ariel Fuxman – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
 Damian Finucci - Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y
Letras - UBA)
 Elia Espen MADRE PLAZA DE MAYO
 Emanuel Marcos Abínzano
 Fernanda Reyes Diputada Mandato Cumplido
 Felipe Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)
 Igal Kejsefman – Consejero Superior UBA
 Ignacio Kostzer – Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires)
 Jazmín Rodriguez – Consejera Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA
 Julian Liparelli – Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias
Exactas y Naturales –
UBA)
 Julio Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente
Segundo de la Legislatura
porteña)
 Laura Fraile – Consejera Directivo Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales UBA
 Leandro Altman – Consejero Superior UBA
 Luis Cruz (comunicador social)
 Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad
 Marcelo Luda – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales UBA
 María Laura Barroso Baldi
 Mario Hernandez. Periodista. Miembro de la Com. Directiva de la Coord. de
Medios de la CABA
(COMECI).
 Maristella Svampa (Voces de Alerta)
 Martha Linares – Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias
Sociales – UBA)
 Pablo Bergel, vecino diputado de la CABA
 Pablo Vensentini – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
 Ramiro Sorondo – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Sociales UBA
 Roberto Gargarella
 Rocío Sanchez Sandía Legisladora CABA

3) Organizaciones de otros países:
 Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA,
Guatemala
 Asociación Tierra y Libertad para Arauco (Francia)
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN BOLIVIA - CEDIB.
 COLECTIVO DE COORDINACION DE ACCIONES SOCIO AMBIENTALES (COLECTIVO CASA) DE
BOLIVIA
 Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile
 Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU)
 Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (Perú)
 JUVENTUD ECOLOGISTA EN ACCION - JEA DE ORURO/BOLIVIA
 Mouvement pour la Coopération Internationale-Suisse (MCI)


More information about the Lcefiec mailing list